Una de las lecciones más importantes que nos dejará la pandemia global, la más grave del último siglo, es la necesidad de otorgar a la ciencia el protagonismo que le corresponde. Así lo afirmaba el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del plan de choque para la ciencia y la innovación. “La investigación es el arma fundamental de una sociedad que lucha contra la adversidad, la herramienta con la que se construye el futuro”.
Sin ciencia no hay futuro, reza asimismo uno de los lemas más recurrentes en los últimos años entre la comunidad científica, investigadores y tecnólogos de nuestro país. Una protesta que no es nueva; un grito de socorro amplificado para concienciar sobre la importancia de poner fin a una etapa de austeridad y contención del gasto público en I+D+i, de aumentar la dotación presupuestaria e impedir que la inacción política y los recortes sistemáticos precaricen y comprometan el desarrollo de un sector transcendental para la sociedad.
España continúa sufriendo con rigor los envites de la crisis, hasta tal punto que nuestra economía está siendo la más afectada por el impacto de la epidemia entre los países de nuestro entorno. Sin embargo, este dramático escenario puede marcar un punto de inflexión si finalmente se confiere ese impulso a la ciencia y la innovación, ya no solo como vía de protección sociosanitaria para combatir la emergencia y superarla, sino para afianzar la recuperación económica y sortear crisis venideras.
Una I+D+i que, concebida con un sentido y una finalidad, como un recurso para dar respuesta a problemas específicos y anticiparse a potenciales necesidades, no pierda de vista en ningún momento su orientación al mercado, a convertirse en productos, servicios o procesos optimizados que aporten valor y contribuyan a la consecución de unos resultados sociales y económicos perdurables en el tiempo.
Una gran ventana de oportunidad, sin duda, para virar hacia un nuevo modelo cimentado sobre la modernización y transformación de la economía, de los procesos productivos, transitando desde un sistema basado en bienes materiales a otro esquema asentado en bienes intangibles, donde lo digital, la innovación y el conocimiento sean catalizadores del cambio. En este cometido, ciencia, formación, investigación y desarrollo, factores básicos de competitividad, juegan un papel crucial para reactivar la economía y liderar ese itinerario de reindustrialización.
Pilar imprescindible para la supervivencia empresarial
La I+D+i es un puntal clave para la reconstrucción. En este periodo poscovid, la ciencia y el refuerzo de las capacidades tecnológicas deben liderar este cambio conceptual y operativo. No es asunto baladí; todo lo contrario. Las inversiones enfocadas a las actividades de investigación y desarrollo, el refuerzo de la innovación y el conocimiento, serán concluyentes para avalar el progreso técnico y el avance de la sociedad, con su reflejo en el conjunto de los sectores productivos nacionales.
En esta hoja de ruta hacia la transformación económica y la reactivación, la empresa desempeña un rol trascendental. La inversión en I+D, la innovación en productos y procesos productivos, es la llave maestra para una actividad corporativa eficiente a largo plazo. Un componente capital que permite a la compañía optimizar recursos, incrementar su oferta mejorada de bienes y servicios, elevar la productividad y su rentabilidad, rivalizar en nuevos mercados y diferenciarse de la competencia en un entorno global.
El pasado año, la CEOE publicaba un manifiesto en el que abundaba en el papel crítico de la tecnología en este contexto de crisis, “no solo en la competitividad de las empresas, sino en la resolución de los grandes retos de la humanidad”.
En su informe "Ninguna empresa debe parar su actividad de I+D+I", la Confederación Española de Organizaciones Empresariales subrayaba que “la innovación y el desarrollo tecnológico deben ser uno de los pilares fundamentales de la estrategia de las empresas para asegurar su supervivencia”. Un aspecto primordial dado las circunstancias actuales. En esta dinámica, compleja e incierta, “la investigación necesita a las empresas para generar impacto. Sin innovación no hay empresas. Sin empresas, no hay innovación. Sin empresas, no hay empleo”.
Para la entidad presidida por Antonio Garamendi, dejar de lado la I+D no es una opción. Al revés. La meta pasa por “asegurar que ninguna empresa caiga en la tentación de no priorizar sus apuestas por la I+D+i, a la vez que se anime a nuevas entidades a que se sumen a esa actividad innovadora”. Sin este planteamiento se antoja complicado subsistir en escenarios cada vez más volubles y complejos.
Una actividad investigadora que debe ser colaborativa, “a gran escala”, y donde, a juicio de la patronal, Gobierno y Administraciones Públicas desempeñan un “papel tractor fundamental”, un “liderazgo necesario para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico”. De ahí que la esfera pública deba involucrarse aún más en el fomento de la I+D+i.
Su propuesta para imprimir un nuevo impulso innovador por parte del tejido corporativo incluye, entre otros ingredientes básicos, la formalización de un “Pacto de Estado con el que garantizar un esfuerzo en I+D+i continuado para asegurar la competitividad de las empresas españolas”, una “armonización normativa”, junto a la “revisión de los instrumentos de financiación empresarial” y el “refuerzo del sistema de incentivos fiscales”.
Avances insuficientes
Este protagonismo que se reclama a todos los niveles para la ciencia y la innovación no se ve acompañado, hasta la fecha, del apoyo necesario. En los últimos años, los recortes han lastrado la evolución de la I+D+i, con unos recursos presupuestarios que no han experimentado el impulso deseado y deseable.
Las estadísticas más recientes certifican que la inversión española en actividades de investigación y desarrollo volvió a crecer en 2018, un 6,3% anual, contabilizando 14.946 millones de euros. Sin embargo, este repunte se sitúa por debajo del PIB, contrarrestando, de este modo, su peso en la estructura productiva nacional.
Durante la última década, en España se observa un estancamiento de la inversión pública en ciencia, una de las más bajas de la Unión Europea. Así, esta partida, determinante para ‘construir’ un modelo productivo apoyado en la tecnología y la innovación, representa el 1,24 % del Producto Interior Bruto, frente al 2,06 % de media comunitaria. Una media superada de lejos por otros países de la región con mayor intensidad de gasto en investigación y desarrollo que, en algunos casos, como Suecia (3,3 %) o Austria (3,1 %), rebasa el 3 %, el objetivo fijado por la UE en su estrategia para 2020.
A tenor de los datos, España –decimoquinta en el ranking de los Veintisiete- no puede demorarse más tiempo a la hora de alcanzar la media de inversión en I+D+i de las naciones europeas más avanzadas. Posponerlo supondría una pérdida de competitividad en el contexto internacional. Debe subirse al tren de las economías desarrolladas, aquellas con las que competimos en un mercado globalizado, actuando con firmeza para suturar esa brecha y evitar que la desigualdad y la desventaja sigan ganando terreno. Ahondar en esta dirección tan solo agravaría los desequilibrios y minaría las expectativas de crecimiento y desarrollo. Por ello, nuestro país no debe quedarse atrás.
Clave para la recuperación
En su informe ‘European Innovation Scoreboard 2020’, la Comisión Europea encuadra a España en el grupo de países “moderadamente innovadores”. De nuevo, el Ejecutivo comunitario alerta, al igual que en ejercicios anteriores, sobre los peligros inherentes al déficit de inversión en I+D. El 20 de julio, el Consejo de Europa emitía un dictamen sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España, subrayando que “las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación”.
En esta dirección, la Comisión remarca la importancia de que nuestro país siga apuntalando “la gobernanza en materia de investigación e innovación”, instando a “centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”.
Para la institución europea, “el aumento de la calidad de la investigación a través de evaluaciones sistemáticas y la incentivación de los centros de investigación para que cooperen con el sector privado podrían aumentar la eficacia de las políticas de investigación e innovación y acelerar la difusión de innovación con el fin de contribuir a la recuperación”.
De nada vale acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Anticiparse es la mejor vacuna para plantar cara a shocks y eventualidades que podrían amenazar con colapsar nuevamente el sistema y, al mismo tiempo, de cara a obtener un retorno social de gran valor. En este desafío, ciencia e innovación tienen mucho que decir.
El objetivo, en definitiva, pasa por apoyar, sin fisuras, la capacidad innovadora de España, de su comunidad científica y de su tejido empresarial, con un aumento de las inversiones y de la colaboración público-privada, junto a otras medidas de estímulo. Sobre la mesa, la disyuntiva de anquilosarnos en fórmulas ineficientes propias del pasado o asumir que la I+D+i es la palanca esencial para salir de la crisis y reforzarnos ante eventuales perturbaciones, la semilla para abonar el terreno para la reactivación económica y asegurarnos un futuro mejor.