Reducir la jornada por decreto es empobrecer a España

El Congreso tumbó hace unos días la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial. El rechazo parlamentario debería abrir la puerta a una reflexión sosegada, pero la realidad es otra: el Gobierno insiste en esa senda y busca fórmulas alternativas para imponerla. En paralelo, ha anunciado que aprobará por decreto un endurecimiento del control horario digital.

El mensaje es claro: se pretende legislar de espaldas al diálogo social, con normas que, aun sin estar en vigor, ya generan inseguridad y frenan la inversión. Las empresas no pueden planificar cuando se las somete a una presión regulatoria permanente, que añade costes e incertidumbre a un entorno económico ya de por sí complejo.

Las pymes, las grandes damnificadas

La reducción de jornada no es un debate ideológico, sino una cuestión de competitividad. Según distintos estudios, su coste directo superaría los 11.800 millones de euros, a los que habría que añadir horas extra, conflictividad y dificultades de reorganización. Las grandes compañías podrán adaptarse mejor, pero las pymes, microempresas y autónomos —el corazón de nuestro tejido productivo— serían las principales víctimas.

No podemos olvidar que la productividad de nuestra economía acumula cinco trimestres consecutivos de caídas y que ya arrastramos una de las tasas de absentismo más altas de Europa. En este contexto, imponer por decreto una reducción de jornada es, sencillamente, irresponsable. La experiencia demuestra que la negociación colectiva ha permitido reducir progresivamente la jornada allí donde la productividad lo hacía viable. El éxito siempre ha estado en el diálogo, no en la imposición.

Control horario digital: burocracia y castigo

La nueva ley de control horario digital, que el Gobierno quiere sacar adelante por decreto, es otro ejemplo de cómo se traslada a las empresas una carga desproporcionada. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de endurecer sanciones y multiplicar obligaciones. Lo más preocupante es que incluso se plantea multar a la empresa si un trabajador olvida fichar, como si el empleador tuviera que vigilar cada gesto del empleado para evitar sanciones.

Se legisla desde la desconfianza, generando rigidez e inseguridad jurídica. Hace apenas dos años se prohibieron los sistemas biométricos en los que muchas compañías habían invertido. Ahora se fuerza a las empresas a adoptar nuevos sistemas digitales, costosos y poco adaptados a la realidad de la pyme.

El papel de FADE y las patronales

 El rechazo a la reducción de jornada en el Congreso no fue fruto de la casualidad. Llegó tras meses de trabajo serio y riguroso por parte de las organizaciones empresariales. Desde FADE hemos trasladado argumentos sólidos y defendido la realidad de las empresas asturianas ante un debate cargado de ideología. Hemos demostrado que cuando se actúa con datos, con propuestas y con una visión responsable, se puede frenar una medida que hubiese tenido un impacto devastador en el empleo y en la competitividad.

En paralelo, CEOE y CEPYME fijaron también una posición clara y aportaron evidencia económica, como el informe que cifra en más de 11.800 millones de euros el coste directo mínimo para las empresas. Todo ello ha contribuido a un resultado que refuerza una idea esencial: los cambios laborales deben nacer del diálogo social y de la negociación colectiva, no de imposiciones unilaterales.

Lo que necesitamos: España y Asturias

España y Asturias no necesitan más presión normativa ni más incertidumbre política. Necesitan reforzar la productividad, impulsar la innovación, reducir el absentismo y atraer inversión. Necesitan una política laboral que facilite la creación de empleo, que premie a las empresas que arriesgan e invierten y que confíe en la negociación colectiva como el instrumento más eficaz para equilibrar derechos y deberes.

La reducción de jornada y el control horario solo tienen sentido si se abordan desde el diálogo social y con medidas realistas, adaptadas a los sectores y a las capacidades de cada empresa. Lo contrario es empobrecer a nuestro país y poner en riesgo el futuro de nuestra región.

En FADE lo diremos alto y claro: sin competitividad no hay futuro ni para España ni para Asturias. Y sin empresas fuertes, no habrá ni empleo de calidad ni bienestar social.